Ejecución de sentencia: el plazo de 5 años que la caduca (art. 518 LEC)

Actualizado: 21 de septiembre de 2026.

Un pleito ganado no es un pleito cobrado. Entre la sentencia firme y el dinero en la cuenta del cliente hay un trámite que muchos despachos dan por hecho que pueden iniciar "cuando haga falta": la demanda ejecutiva. Y ese "cuando haga falta" tiene fecha de caducidad. El artículo 518 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) fija un plazo de cinco años desde la firmeza de la sentencia para interponerla. Pasado ese plazo, el derecho reconocido en la sentencia sigue existiendo sobre el papel, pero deja de ser exigible por la vía ejecutiva: el juzgado no despachará ejecución, y si el ejecutado se opone alegando caducidad, gana la oposición.

El problema no es que la norma sea complicada. El texto del artículo 518 LEC es corto y claro. El problema es que es un plazo silencioso: no hay una diligencia de ordenación que lo recuerde, no hay una notificación de LexNET que lo reactive, no hay un letrado de la Administración de Justicia vigilando si el despacho lo tiene agendado. El expediente se cierra en la carpeta de "ganados", el cliente da las gracias, y si nadie insta el cobro, el tiempo corre exactamente igual que corre para cualquier otro plazo procesal — solo que a una escala que hace fácil perderlo de vista: años, no días.

Este artículo explica, con fechas de calendario concretas, cuándo empieza a contar el plazo, qué lo distingue de otros plazos con los que se confunde con frecuencia (la caducidad de la instancia del art. 239 LEC, la prescripción del art. 1964 del Código Civil), qué gestos NO sirven para pararlo y qué ocurre si el despacho se pasa de fecha. También aborda dos matices que generan errores reales en la práctica: el "segundo plazo" que nace cuando hay que liquidar la tasación de costas, y el cómputo especial en condenas a prestaciones periódicas.

Este contenido es informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto. Antes de dar por caducada o vigente una acción ejecutiva, verifica siempre la fecha exacta de firmeza en el propio procedimiento y, si hay dudas de interpretación, consulta con un compañero especializado en ejecución.

¿Qué dice exactamente el artículo 518 LEC?

El artículo 518 LEC establece que la acción ejecutiva fundada en sentencia caduca si no se interpone la demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la resolución. Su redacción literal es la siguiente:

"La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del Letrado de la Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución." (Artículo 518 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)

La norma no afecta solo a las sentencias en sentido estricto. Quedan sujetos al mismo plazo de cinco años, por remisión al catálogo de títulos ejecutivos del artículo 517.2 LEC:

• Las sentencias firmes dictadas en cualquier orden jurisdiccional civil.
• Las resoluciones que aprueben una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso.
• Los laudos arbitrales firmes.
• Los acuerdos de mediación, ya sean homologados judicialmente (mediación intrajudicial) o elevados a escritura pública ante notario (mediación extrajudicial, requisito imprescindible para que tengan fuerza ejecutiva).

Es decir: da igual el origen del título. Si el derecho reconocido nace de un proceso judicial, un arbitraje o una mediación con eficacia ejecutiva, el reloj de los cinco años empieza a correr desde que ese título gana firmeza. La incorporación de los acuerdos de mediación al catálogo del artículo 518 LEC se debe al Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; el artículo también fue tocado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de implantación de la nueva Oficina Judicial. No consta ninguna modificación del artículo 518 LEC por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del servicio público de Justicia: esa norma reformó el trámite de subastas judiciales (redujo de cuarenta a veinte días el plazo para pagar el resto del precio ofrecido) y generalizó los requisitos de acreditación de los MASC, pero dejó intacto el plazo de caducidad de la acción ejecutiva.

¿Cuándo empieza a contar el plazo? La firmeza como punto de partida

La regla general es sencilla de enunciar y fácil de calcular mal: el dies a quo (día inicial del cómputo) es la fecha en la que la sentencia adquiere firmeza, no la fecha en que se dictó ni la fecha en que se notificó a las partes. Una sentencia gana firmeza por ministerio de la ley cuando transcurre el plazo para recurrirla sin que ninguna parte lo haga, o cuando se dicta la resolución que resuelve el último recurso posible contra ella.

Ejemplo de cómputo. Supongamos una sentencia que gana firmeza el lunes 15 de marzo de 2021 (por ejemplo, porque el plazo de apelación de veinte días transcurrió sin que ninguna de las partes recurriera). Al tratarse de un plazo por años, el cómputo es de fecha a fecha (art. 133.3 LEC): el plazo termina el mismo día del mes correspondiente cinco años después, es decir, el 15 de marzo de 2026. Ese día cae en domingo. ¿Se traslada al lunes 16? En los plazos procesales, sí; pero la caducidad del artículo 518 LEC tiene una naturaleza discutida (el art. 5.2 del Código Civil dispone que en el cómputo civil no se excluyen los días inhábiles), así que la decisión prudente es no contar con esa prórroga: presentar la demanda ejecutiva, como tarde, el viernes 13 de marzo de 2026, y a ser posible mucho antes.

Dos matices importantes que conviene tener presentes al hacer este cálculo:

• Agosto no detiene un plazo de caducidad sustantivo. La regla de inhabilidad de agosto (art. 130.2 LEC) afecta al cómputo de los plazos procesales dentro de un procedimiento en curso, pero la caducidad de la acción ejecutiva del artículo 518 LEC es un plazo de naturaleza sustantiva que corre de fecha a fecha sin las pausas propias del calendario procesal. La prudencia profesional aconseja no apurar el plazo confiando en que agosto "reste" días: si el límite cae en verano, hay que presentar la demanda ejecutiva antes, no confiar en una suspensión que no está garantizada para este tipo de plazo.
• Condenas a prestaciones periódicas. En sentencias que reconocen obligaciones de pago periódico (pensiones, alimentos, rentas), el plazo de cinco años no corre en bloque desde la firmeza de la sentencia, sino de forma independiente para cada vencimiento no pagado: cada impago abre su propio plazo. Un despacho de familia que aplique la regla general sin este matiz puede dar por caducado un cobro que en realidad sigue vivo, o al contrario, confiarse en un plazo que ya venció para las cuotas más antiguas.

El "segundo plazo": condenas ilíquidas y tasación de costas

Uno de los focos de error más documentados en la práctica de despacho es el de las condenas ilíquidas, es decir, sentencias que reconocen el derecho a cobrar algo (típicamente, las costas procesales) pero cuya cuantía exacta no queda fijada hasta un trámite posterior de liquidación o tasación.

En estos casos, el plazo de cinco años del artículo 518 LEC no puede empezar a correr sobre una cantidad que todavía no existe como cifra líquida. Una línea extendida en la práctica sostiene que una vez practicada la tasación de costas y fijado el crédito en una cantidad concreta, nace un nuevo plazo de cinco años, independiente del original, para ejecutar ese crédito ya líquido. Si ese segundo plazo también transcurre sin presentar la demanda ejecutiva, el derecho a cobrar las costas tasadas caduca igualmente. Conviene advertir que el criterio sobre el momento exacto en que empieza a correr este plazo para las costas no es uniforme en todas las Audiencias Provinciales: la opción segura es computarlo desde la firmeza de la sentencia y, si la tasación se retrasa, instarla cuanto antes en lugar de apoyarse en el "segundo plazo".

Este matiz explica por qué muchos despachos se llevan una sorpresa desagradable años después de ganar las costas de un pleito: el expediente principal se cerró correctamente dentro de plazo, pero la partida de costas quedó pendiente de tasar, se tasó tarde, y ese segundo reloj de cinco años corrió sin que nadie lo tuviera anotado en ningún sitio.

El error más frecuente: confundir caducidad de la acción con caducidad de la instancia

La duda que con más frecuencia aparece en consultas entre compañeros es la confusión entre dos institutos que suenan parecido pero regulan situaciones distintas: la caducidad de la acción ejecutiva (art. 518 LEC) y la caducidad de la instancia en fase de ejecución (art. 239 LEC).

El artículo 239 LEC excluye expresamente la caducidad de la instancia en las actuaciones de ejecución forzosa. Esto significa que, una vez iniciada la ejecución dentro de plazo (es decir, una vez presentada y admitida la demanda ejecutiva), el procedimiento puede sufrir periodos de inactividad sin que por ello se archive por caducidad de instancia: puede proseguir hasta el cumplimiento íntegro de lo acordado. Es una garantía a favor del ejecutante ya dentro del proceso de ejecución.

Pero esa garantía no dice nada sobre el momento anterior: el plazo para iniciar la ejecución. Ese es precisamente el terreno del artículo 518 LEC. Un abogado que interioriza "las ejecuciones no caducan" por haber leído el artículo 239 LEC, y aplica esa idea a un expediente en el que la demanda ejecutiva ni siquiera se ha presentado, está mezclando dos reglas que operan en momentos distintos del procedimiento.

Aspecto	Art. 518 LEC — Caducidad de la acción	Art. 239 LEC — Caducidad de la instancia
¿Qué regula?	El plazo para PRESENTAR la demanda ejecutiva	El riesgo de archivo por inactividad DENTRO de una ejecución ya iniciada
¿Cuándo se aplica?	Desde la firmeza de la sentencia hasta que se presenta la demanda ejecutiva	Una vez admitida y en curso la ejecución
Plazo	5 años desde la firmeza	No aplica — la ejecución NO caduca por inactividad
Consecuencia de incumplir	El derecho deja de ser exigible por vía ejecutiva	Ninguna: el procedimiento sigue vivo hasta el cumplimiento

Qué NO interrumpe el plazo: burofax, negociación y requerimientos

Aquí está la trampa que con más frecuencia atrapa a despachos que sí tienen controlado el plazo de la prescripción civil ordinaria, pero trasladan mal esa lógica a la caducidad. En la prescripción de acciones (art. 1973 CC), el plazo se interrumpe por la reclamación extrajudicial del acreedor, por ejemplo mediante un burofax fehaciente, y el cómputo vuelve a empezar de cero. En la caducidad, esa regla no existe.

La caducidad de la acción ejecutiva del artículo 518 LEC no se interrumpe por actos extrajudiciales de reclamación. Enviar un burofax al deudor, mantener una negociación de pago aplazado, requerir notarialmente el cobro: ninguna de estas gestiones detiene el reloj. La única forma de evitar la caducidad es presentar la demanda ejecutiva dentro del plazo de cinco años. Un despacho que confía en que "ya hemos reclamado varias veces, así que el plazo está a salvo" está operando bajo una premisa equivocada que puede costarle el derecho de su cliente.

El matiz del "retraso desleal": ni excusa ni salvavidas automático

Existe una doctrina jurisprudencial próxima a este terreno, la del retraso desleal del acreedor, que conviene mencionar para evitar dos lecturas erróneas y opuestas. La Sentencia del Tribunal Supremo 1346/2023, de 3 de octubre de 2023 (Sala de lo Civil, ponente Pedro José Vela Torres, ROJ STS 3906/2023) precisa los requisitos de esta doctrina: no basta el mero transcurso del tiempo, aunque no llegue a superar el plazo de caducidad o prescripción aplicable; es necesaria una conducta del acreedor que genere objetivamente en el deudor la confianza legítima de que la acción ya no se va a ejercitar. En el caso resuelto por esa sentencia, el Tribunal Supremo no apreció retraso desleal, precisamente porque el demandante ya había reclamado con anterioridad por otras vías, lo que descartaba esa confianza objetiva del deudor.

La lectura correcta para el despacho es doble: (1) el retraso desleal no es una vía para "salvar" una acción que ya caducó por el artículo 518 LEC — son instrumentos jurídicos distintos y no sustitutivos; y (2) tampoco conviene usarlo al revés, como excusa para dilatar el cobro pensando que "mientras seguimos reclamando, no hay riesgo": la inactividad prolongada, aunque no alcance los cinco años, puede generar sus propios problemas si crea en el deudor la apariencia razonable de que el acreedor ha renunciado a actuar.

El plazo de espera de 20 días del artículo 548 LEC

Antes de precipitarse a presentar la demanda ejecutiva el mismo día en que la sentencia gana firmeza, conviene recordar la regla inversa: existe un plazo de espera obligatorio que impide despachar ejecución de forma inmediata. El artículo 548 LEC dispone:

"No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado." (Artículo 548 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil)

Este plazo de veinte días es una especie de "período de cortesía" que da al condenado la oportunidad de cumplir voluntariamente antes de que se le fuerce por la vía ejecutiva. No amplía ni suspende el plazo de caducidad de cinco años del artículo 518 LEC — ambos plazos corren en paralelo desde la firmeza —, pero sí condiciona el momento en que la demanda ejecutiva puede efectivamente surtir efecto: presentarla antes de que transcurran esos veinte días no evita que haya que esperar a que se cumplan para que el juzgado despache ejecución.

En la práctica, esto deja una ventana operativa: el despacho puede (y en muchos casos debe) preparar la demanda ejecutiva sin prisa desde el día 21 posterior a la firmeza, pero sin dejar pasar los cinco años completos. La combinación de ambos plazos deja, en el ejemplo anterior (firmeza el 15 de marzo de 2021), una ventana real de presentación que se abre a mediados de abril de 2021 (veinte días hábiles después de la firmeza) y que, con criterio prudente, conviene dar por cerrada el viernes 13 de marzo de 2026.

Qué pasa si te pasas: oposición, apreciación de oficio y el cauce de casación

Si el plazo de cinco años transcurre sin que se presente la demanda ejecutiva, la consecuencia no es una simple irregularidad subsanable: la acción ejecutiva caduca. Esto tiene tres implicaciones prácticas relevantes para un abogado que gestiona el asunto:

• Es un motivo tasado de oposición del ejecutado. El artículo 556.1 LEC recoge la caducidad de la acción ejecutiva entre los motivos por los que el ejecutado puede oponerse a la ejecución de títulos judiciales, arbitrales o acuerdos de mediación, junto con el pago o cumplimiento de lo ordenado y los pactos o transacciones para evitar la ejecución documentados en escritura pública. El plazo para formular esta oposición es de diez días desde la notificación del auto que despacha ejecución, y su presentación no suspende, por sí sola, el curso del procedimiento.
• Es apreciable de oficio por el juzgado. Existe cierto debate doctrinal sobre el alcance exacto de esta apreciación de oficio, pero la posición mayoritaria sostiene que el propio tribunal puede detectar la caducidad al examinar la demanda ejecutiva, sin necesidad de que el ejecutado la alegue expresamente. En la práctica, esto significa que un despacho no puede confiar en que "si la otra parte no se da cuenta, cuela": ni el ejecutado tiene por qué percatarse, ni el juzgado está obligado a dejarlo pasar.
• No hay subsanación posible. A diferencia de un defecto formal de la demanda, la caducidad no se corrige con un escrito posterior: presentada la demanda ejecutiva fuera de plazo, el problema ya no es de forma sino de fondo, y la única defensa real es haber controlado la fecha antes.

Casos especiales: sentencias extranjeras, laudos arbitrales y mediación

El plazo de cinco años del artículo 518 LEC no es exclusivo de las sentencias dictadas por tribunales españoles. Afecta por igual a otros títulos que, por su naturaleza, generan menos alerta en el despacho precisamente por ser menos frecuentes en el día a día:

• Sentencias extranjeras reconocidas en España (exequátur): una vez reconocida la sentencia extranjera por el procedimiento correspondiente, el plazo de caducidad para ejecutarla en España sigue las mismas reglas generales del artículo 518 LEC, con las particularidades de cómputo que se derivan del propio trámite de reconocimiento.
• Laudos arbitrales firmes: expresamente incluidos en el catálogo del artículo 517.2 LEC, quedan sujetos al mismo plazo. Un despacho que ha llevado un arbitraje hasta el laudo favorable no puede relajarse pensando que el procedimiento arbitral "ya está resuelto para siempre": si no se insta la ejecución en cinco años, el mismo riesgo de caducidad opera.
• Acuerdos de mediación: aquí hay un matiz de forma que conviene no perder de vista. Un acuerdo de mediación intrajudicial (alcanzado dentro de un proceso ya iniciado) necesita ser homologado judicialmente para adquirir fuerza ejecutiva; un acuerdo de mediación extrajudicial necesita, además, elevarse a escritura pública ante notario. Sin ese requisito de forma, el acuerdo no es título ejecutivo y el plazo del artículo 518 LEC ni siquiera empieza a correr sobre él — pero tampoco hay nada que ejecutar. Una vez cumplido el requisito, el plazo de cinco años aplica exactamente igual que a una sentencia.

El mito de los 15 años: por qué esa cifra ya no es correcta

Todavía circula, en consultas de despacho y en algún contenido desactualizado, la idea de que el plazo para ejecutar una sentencia es de quince años. Esa cifra procede de una confusión con otro plazo distinto: el de la prescripción general de las acciones personales sin plazo especial, regulado en el artículo 1964.2 del Código Civil.

Antes de la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, el plazo general de prescripción de las acciones personales era efectivamente de quince años. Esa ley lo redujo a cinco años, con efectos desde el 7 de octubre de 2015 y un régimen transitorio para las acciones nacidas antes de esa fecha. Pero incluso antes de esa reforma, el plazo de caducidad de la acción ejecutiva del artículo 518 LEC ya era de cinco años desde la entrada en vigor de la propia LEC en el año 2000 — es un plazo distinto del de prescripción del Código Civil, que regula la acción declarativa subyacente, no la acción ejecutiva derivada de una sentencia firme. La reforma de 2015 acercó ambas cifras a los mismos cinco años, lo que en la práctica ha reducido (aunque no eliminado del todo) la confusión, pero el origen normativo de cada plazo sigue siendo distinto y conviene no mezclarlos al razonar un caso.

Guía práctica: que un expediente "ganado" no se pierda de vista

La mayor parte de los casos de caducidad de la acción ejecutiva no se producen por desconocimiento de la norma, sino por un fallo de gestión: el expediente se cierra en cuanto llega la sentencia firme, se marca como "ganado" y desaparece de la agenda activa del despacho. El cliente, mientras tanto, puede tardar meses o años en decidirse a reclamar el cobro, y cuando finalmente lo pide, nadie en el despacho recuerda que el reloj llevaba corriendo desde el primer día.

Algunas prácticas que reducen este riesgo:

1. No archivar un expediente ganado como "cerrado" sin más. Un expediente con sentencia firme favorable y sin ejecución instada debería quedar marcado como "pendiente de ejecutar", con la fecha de firmeza y la fecha límite de caducidad registradas expresamente, no solo en la memoria de quien llevó el asunto.
2. Fijar un recordatorio a medio plazo, no solo a corto plazo. Los sistemas de alerta pensados para plazos de días (7, 3, 1 día antes) no sirven de nada si el plazo real vence dentro de cuatro años: hace falta un aviso años antes del vencimiento, y no solo en la semana final.
3. Registrar por separado el plazo de la tasación de costas cuando la condena es ilíquida. Si hay costas pendientes de tasar, la tasación debe instarse cuanto antes y su plazo agendarse de forma independiente (sin perder de vista el que corre desde la firmeza), no dar por hecho que queda cubierto por el control del expediente principal.
4. No confundir "hemos reclamado" con "el plazo está a salvo". Documentar los burofaxes y negociaciones es importante para otros efectos, pero ninguno de ellos sustituye a la presentación de la demanda ejecutiva dentro de plazo.
5. Revisar la cartera de expedientes cerrados una vez al año. Una revisión periódica de los asuntos archivados como "ganados pero no ejecutados" permite detectar a tiempo los que se acercan al límite de los cinco años, antes de que sea demasiado tarde para actuar.

Aquí es donde un sistema de gestión de expedientes marca la diferencia frente a una agenda de papel o una hoja de cálculo: un plazo de cinco años necesita un mecanismo de aviso que no dependa de que alguien se acuerde de revisarlo manualmente cada cierto tiempo. Un expediente cerrado no debería ser sinónimo de un expediente olvidado.

Patrones de error documentados (y cómo evitarlos)

Sin recurrir a cifras o casos inventados, es posible describir los patrones de error que se repiten con más frecuencia en la práctica de despacho, tal y como los describe el contenido especializado en ejecución civil:

• Condena en costas olvidada tras el asunto principal. El despacho gestiona correctamente la ejecución de la condena principal, pero deja pendiente de tasar (y luego de ejecutar) la partida de costas, que acaba caducando por separado años después sin que nadie lo advierta.
• Cliente que "ya cobrará cuando pueda el deudor". El cliente pide al despacho que espere, confiando en una relación de confianza o en la solvencia futura del deudor, sin ser consciente de que esa espera tiene una fecha límite legal que corre independientemente de la voluntad de las partes.
• Prestación periódica mal computada. En asuntos de familia, aplicar el plazo general desde la firmeza de la sentencia, en lugar de computar cada impago por separado, lleva a dar por perdidas cuotas que en realidad seguían siendo exigibles, o a confiar erróneamente en un plazo ya vencido para las más antiguas.
• Laudo arbitral o acuerdo de mediación "aparcado". Por ser menos habituales que una sentencia ordinaria, estos títulos generan menos alerta interna en el despacho, cuando están sujetos exactamente al mismo plazo de caducidad.

El denominador común de todos estos patrones no es la falta de conocimiento jurídico, sino la falta de un sistema que mantenga visible, con fecha concreta, cada expediente con un derecho reconocido pendiente de ejecutar.

Preguntas frecuentes sobre la caducidad de la acción ejecutiva

¿El plazo de 5 años se cuenta desde la sentencia o desde su notificación?

Se cuenta desde la firmeza de la sentencia, no desde la fecha en que se dictó ni desde su notificación a las partes. La firmeza se produce cuando transcurre el plazo para recurrir sin que se recurra, o cuando se resuelve el último recurso posible contra la resolución.

¿Puedo pedir al juzgado una prórroga del plazo de caducidad?

No. Es un plazo de caducidad legal, no un plazo procesal sujeto a las reglas ordinarias de prórroga o suspensión por causa justificada. La única forma de evitar que caduque es presentar la demanda ejecutiva antes de que transcurran los cinco años.

¿Qué pasa si el deudor reconoce la deuda por escrito fuera del procedimiento?

Ese reconocimiento puede tener efectos en otros terrenos (por ejemplo, como prueba en un procedimiento declarativo distinto), pero no interrumpe ni reinicia el plazo de caducidad del artículo 518 LEC, que solo se evita mediante la presentación de la demanda ejecutiva dentro de plazo.

¿La caducidad afecta también a las costas si la ejecución principal ya se instó a tiempo?

No necesariamente de forma automática: si la condena en costas era ilíquida y quedó pendiente de tasar, una línea extendida en la práctica entiende que el plazo para ejecutar ese crédito concreto corre de forma independiente desde que se practica la tasación. Como ese criterio no es uniforme en todas las Audiencias, lo prudente es instar la tasación sin demora y no dar por cubiertas las costas solo porque la ejecución principal se instó a tiempo.

Conclusión: un plazo largo no es un plazo menos peligroso

La paradoja del artículo 518 LEC es que, por tratarse de un plazo de años y no de días, tiende a percibirse como menos urgente que un plazo de recurso o de contestación a la demanda. En la práctica es justo al revés: los plazos cortos suelen estar bien controlados porque se viven con tensión inmediata desde que llega la notificación; los plazos largos se pierden de vista precisamente porque dan la falsa sensación de que "hay tiempo de sobra".

Lo que distingue a un despacho que nunca pierde una acción ejecutiva por caducidad no es un conocimiento jurídico superior — el texto del artículo 518 LEC es de sobra conocido —, sino un sistema que traduce ese plazo legal en una fecha concreta, visible y con aviso, desde el mismo día en que la sentencia gana firmeza. Un expediente "ganado" que se archiva sin más deja de estar en el radar del despacho justo cuando más necesita seguir estándolo: durante los cinco años en los que el derecho del cliente sigue siendo exigible, pero deja de serlo en cuanto se cumple el plazo.

La recomendación práctica es sencilla de enunciar, aunque exija disciplina para sostenerla en el tiempo: en el mismo momento en que una sentencia gana firmeza, hay que registrar esa fecha, calcular el límite de los cinco años y dejar un aviso que no dependa de la memoria de nadie. Si además hay costas pendientes de tasar, ese segundo plazo merece su propio registro. Y si el cliente pide esperar, conviene dejar constancia por escrito de que se le ha informado del plazo aplicable — no como una cuestión de desconfianza, sino como buena práctica frente a cualquier reclamación posterior de responsabilidad profesional.

Si gestionas varios expedientes con sentencia firme pendientes de ejecutar, tener cada fecha de caducidad controlada en un único lugar, con aviso automático, es la diferencia entre un pleito ganado que se cobra y un pleito ganado que se pierde por una fecha que nadie miró a tiempo.

Más contenido relacionado con la gestión de plazos del despacho: plazo para contestar a la demanda, jura de cuentas cuando el cliente no paga, impugnación de honorarios excesivos en tasación de costas, depósito para recurrir de la DA 15ª LOPJ y cuánto tiempo guardar el expediente de un cliente.

Fuente oficial del texto vigente de la Ley de Enjuiciamiento Civil: BOE — Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.