Incidente de nulidad de actuaciones: cuándo sí cabe (2026)

Actualizado: 24 de septiembre de 2026. Contenido revisado con la normativa vigente (art. 241 LOPJ, art. 228 LEC) y jurisprudencia constitucional publicada en el BOE hasta esta fecha. Como todo contenido jurídico, no sustituye el análisis del caso concreto por un abogado colegiado.

En 2025, el Tribunal Constitucional recibió 9.089 recursos de amparo. Admitió a trámite 59. Eso es un 0,61%. El resto se quedó por el camino, y una parte nada desdeñable ni siquiera llegó a que el TC entrara a valorar el fondo: 947 demandas (el 10,1% de las inadmitidas) se rechazaron por no haber agotado antes la vía judicial ordinaria.

El incidente de nulidad de actuaciones, regulado en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (y en su espejo, el artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), es en la práctica la pieza final de esa vía previa en la inmensa mayoría de los casos en que se alega la vulneración de un derecho fundamental por una resolución que ya es firme. Si no se plantea cuando tocaba, o se plantea mal, el cliente puede quedarse sin la puerta del Tribunal Constitucional. Y si se plantea sin cumplir los requisitos, la condena en costas y la eventual multa por temeridad son automáticas.

Este artículo no es otro resumen de manual. Recorre los cinco requisitos que debe cumplir el caso, cómo no equivocarse con el doble cómputo del plazo, el supuesto que más veces se repite en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional (el emplazamiento edictal sin agotar antes los domicilios conocidos), y el riesgo más caro y menos entendido de todos: que el propio incidente, si era manifiestamente improcedente, no sirva para "ganar tiempo" y deje el recurso de amparo fuera de plazo.

Una aclaración necesaria antes de empezar: la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, reorganizó la planta judicial (Tribunales de Instancia, Oficinas de Justicia) y reforzó los MASC, pero no ha modificado el artículo 241 LOPJ. El régimen del incidente de nulidad de actuaciones —plazo de 20 días, tope de 5 años, competencia del mismo órgano que dictó la resolución— sigue siendo exactamente el mismo que antes de esa reforma. Si buscas "incidente de nulidad de actuaciones 2026" pensando en un cambio normativo, no lo hay en este punto: lo que ha cambiado es la jurisprudencia que lo interpreta, no la letra de la ley.

¿Qué es el incidente de nulidad de actuaciones y por qué es "excepcional"?

El incidente de nulidad de actuaciones es el mecanismo procesal que permite pedir, ante el mismo órgano que dictó una resolución ya firme, que se declare nula por haber vulnerado un derecho fundamental. Es "excepcional" porque la regla general del sistema procesal español es justo la contraria: una vez firme una resolución, no se admite ningún incidente sobre ella. El artículo 241.1 LOPJ lo dice así, de forma literal:

"No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo, podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario." (Artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial)

El artículo 228.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reproduce prácticamente el mismo texto para el orden civil. En la práctica, ambos preceptos funcionan como una única figura: el "último cartucho" antes de que el cliente pierda definitivamente la posibilidad de que un tribunal español revise la vulneración de su derecho, y el paso obligado —en la mayoría de los supuestos— para poder acudir después al Tribunal Constitucional en amparo.

Conviene no confundirlo con un recurso ordinario. No cabe para corregir un error de valoración de la prueba, ni para discrepar del fondo de una sentencia, ni para "intentar una segunda oportunidad" argumental. Solo cabe para denunciar que, en el propio proceso, se vulneró un derecho fundamental de los recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución —en la inmensa mayoría de los casos, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24 CE— y que esa vulneración no pudo denunciarse antes por una razón ajena a la diligencia de la parte.

Los 5 requisitos que debe cumplir tu caso: checklist

Antes de redactar un incidente de nulidad de actuaciones, repasa estos cinco requisitos. Si tu caso falla en cualquiera de ellos, el incidente se va a inadmitir —y eso tiene un coste económico real, como veremos más adelante—.

1. Legitimación. Debe plantearlo quien fue parte en el proceso, o quien "hubiera debido serlo" — típicamente, alguien que no fue correctamente emplazado y por eso nunca llegó a personarse.
2. Motivo tasado: vulneración de un derecho fundamental del art. 53.2 CE. No vale cualquier infracción procesal; tiene que tratarse de un derecho fundamental susceptible de amparo (en la práctica, casi siempre la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, con o sin indefensión).
3. Imposibilidad de haberlo denunciado antes. Si el defecto pudo alegarse durante el proceso —por ejemplo, en un recurso previo— y no se hizo, el incidente ya no sirve para reabrir esa cuestión.
4. Resolución firme, sin recurso ordinario ni extraordinario posible. El incidente es subsidiario: si todavía cabe apelación, casación o un recurso extraordinario por infracción procesal, hay que agotar antes esa vía. Plantear el incidente cuando en realidad procedía un recurso es, precisamente, uno de los motivos de inadmisión más repetidos en la jurisprudencia reciente (lo vemos en el apartado siguiente).
5. Competencia del mismo órgano. Se dirige al órgano que dictó la resolución firme que se impugna, no a un tribunal superior. No es una apelación disfrazada.

Si tu caso cumple los cinco puntos, el incidente tiene recorrido real. Si falla en uno solo, lo más probable —a la vista de la jurisprudencia constitucional que hemos revisado para este artículo— es la inadmisión, con el coste de costas que explicamos en el penúltimo apartado.

El plazo: 20 días (o 5 años) — cómo no equivocarte en el cómputo

¿Cuánto tiempo hay para plantear un incidente de nulidad de actuaciones? La respuesta directa: 20 días, pero el punto de partida de ese cómputo puede ser uno de dos momentos distintos, y hay además un tope absoluto de 5 años que no se puede superar bajo ninguna circunstancia.

El texto legal, idéntico en el artículo 241.1 LOPJ y en el artículo 228.1 LEC, es el siguiente:

"El plazo para pedir la nulidad de actuaciones será de veinte días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución."

Esto significa que hay dos dies a quo posibles:

• Desde la notificación de la resolución — el supuesto más simple: la parte conoció la resolución el día de la notificación, y desde ahí corren los 20 días.
• Desde que se tuvo conocimiento del defecto — pensado para el caso en que la parte ni siquiera supo de la resolución en el momento en que se dictó (el ejemplo típico: un emplazamiento edictal indebido, que vemos en el siguiente apartado). Aquí los 20 días corren desde que el cliente se enteró, por la vía que fuera, del defecto que le causó indefensión.

Pero ese segundo dies a quo no es indefinido: nunca se puede plantear el incidente pasados 5 años desde la notificación de la resolución, aunque el cliente haya tenido conocimiento del defecto mucho después. Es un plazo de caducidad absoluto que corta cualquier alegación posterior, por justificada que esté.

Ejemplo de cómputo: si una sentencia se notificó por edictos el 3 de marzo de 2021 sin haber agotado antes los domicilios conocidos del demandado, y este se entera del proceso el 15 de enero de 2026 al recibir un requerimiento de ejecución, el plazo de 20 días corre desde el 15 de enero de 2026 —pero solo porque todavía no han pasado 5 años desde el 3 de marzo de 2021—. Si el mismo cliente se hubiera enterado el 10 de abril de 2026, ya habría caducado la posibilidad de plantear el incidente, por mucho conocimiento tardío que tuviera.

Documentar con precisión la fecha exacta en la que el cliente "tuvo conocimiento" del defecto es, en la práctica, uno de los puntos más delicados del escrito: hay que acreditarlo, no solo alegarlo.

El caso más frecuente: emplazamiento edictal sin agotar domicilios

Si hay un supuesto que se repite una y otra vez en la jurisprudencia constitucional sobre este incidente, es el emplazamiento por edictos practicado sin haber agotado antes las posibilidades reales de notificación personal. El Tribunal Constitucional lo tiene consolidado en una doctrina muy estable, que hemos verificado en al menos cuatro sentencias recientes:

• STC 27/2023, de 17 de abril (Sala Segunda, recurso de amparo 3886-2021, BOE-A-2023-12069): juicio verbal de desahucio en Madrid, emplazamiento edictal de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal en el domicilio que figuraba en el propio contrato.
• STC 28/2023, de 17 de abril (Sala Primera, recurso de amparo 4428-2021, BOE-A-2023-12070): procedimiento de despido en Almería.
• STC 84/2024, de 3 de junio (Sala Primera, recurso de amparo 665-2023, BOE-A-2024-13997): desahucio arrendaticio en Alicante.
• STC 145/2021, de 12 de julio (Sala Segunda, recurso de amparo 2205-2020, BOE-A-2021-13029): ejecución hipotecaria en Cuenca.

La doctrina que reiteran todas ellas es la misma:

"La comunicación edictal en todo procedimiento solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del demandado y cuando el órgano judicial tenga la profunda convicción de que resultan inviables e inútiles otros medios de comunicación procesal."

En términos prácticos, esto es lo primero que hay que comprobar cuando un cliente llega al despacho con una sentencia que ni siquiera sabía que existía: ¿se intentó notificar en algún domicilio conocido (el que figura en un contrato, en el padrón, en la base de datos de la Seguridad Social) antes de acudir a los edictos? Si la respuesta es no, hay una vía de indefensión con jurisprudencia constitucional consolidada detrás. Es, con diferencia, el supuesto más fácil de detectar y el que tiene mayor recorrido de éxito cuando se plantea bien.

Cuándo NO cabe (y por qué se inadmite la mayoría)

La causa más habitual de inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones no es una cuestión de fondo compleja: es plantearlo por el cauce equivocado, cuando existía otra vía específica. Hay tres confusiones que se repiten:

• Confundirlo con el recurso de revisión de sentencias firmes. El recurso de revisión (arts. 510 y ss. LEC) se reserva para supuestos tasados muy distintos: documentos recobrados, sentencia obtenida mediante cohecho, violencia o maquinación fraudulenta, o condena penal posterior por falso testimonio. No sirve para alegar indefensión procesal.
• Confundirlo con la audiencia al rebelde. Este es el error más frecuente y el más importante de distinguir bien: la audiencia al rebelde (arts. 501 y ss. LEC) es la vía cuando el problema es la incomparecencia de quien fue válidamente emplazado y notificado, pero no pudo comparecer por fuerza mayor o por desconocimiento de la demanda no imputable a él. El incidente de nulidad de actuaciones, en cambio, es la vía cuando el problema es la validez del propio emplazamiento —por ejemplo, el caso de edictos sin agotar domicilios que acabamos de ver—. Elegir el cauce equivocado hace perder el plazo del correcto, porque cada uno tiene su propio cómputo.
• Plantearlo cuando todavía cabía un recurso ordinario o extraordinario. Si la resolución podía recurrirse en apelación, en casación o mediante recurso extraordinario por infracción procesal, el incidente de nulidad es prematuro e improcedente: hay que agotar primero esa vía.

Precisamente este último error es el que examinó el Tribunal Constitucional en la STC 16/2025, de 27 de enero (Sala Segunda, ponente Enrique Arnaldo Alcubilla, recurso de amparo 4594-2023, BOE-A-2025-4069). En ese caso, una Audiencia Provincial de Barcelona había inadmitido el incidente de nulidad argumentando que cabía recurso de casación, sin aplicar correctamente su propia doctrina previa sobre la inviabilidad de esa casación en el caso concreto (doctrina fijada en la STC 143/2020). El Tribunal Constitucional estimó el amparo, anuló las providencias de la Audiencia y ordenó retrotraer las actuaciones. La lección para el despacho: antes de inadmitir —o antes de aceptar sin más que la resolución sea inadmisible— hay que comprobar con precisión si el recurso alternativo era realmente viable en ese caso, y no solo en abstracto.

El riesgo oculto: "manifiestamente improcedente" y el amparo extemporáneo

Este es, probablemente, el punto menos entendido y más caro de toda la figura. El incidente de nulidad de actuaciones no solo protege al cliente cuando se admite: sirve, sobre todo, como paso obligado para poder acudir después al recurso de amparo, porque el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige haber agotado la vía judicial previa antes de llegar al Tribunal Constitucional.

El problema aparece cuando el incidente era "manifiestamente improcedente" desde el principio —por ejemplo, porque en realidad cabía un recurso ordinario, o porque el motivo alegado no era un derecho fundamental del art. 53.2 CE—. En ese caso, según la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en la STC 112/2019, de 3 de octubre, plantear igualmente el incidente no interrumpe ni reinicia el plazo de 30 días para el recurso de amparo. Es decir: el abogado puede acabar presentando el amparo fuera de plazo —extemporáneo— precisamente por haber "perdido" esos días en un incidente que nunca debió plantearse.

El concepto de "manifiestamente improcedente" se interpreta de forma restrictiva por el propio Tribunal Constitucional: si existe una duda razonable sobre si el incidente era o no la vía correcta, es preferible plantearlo antes que arriesgarse a que el amparo se inadmita directamente por falta de agotamiento de la vía previa. Es una tensión real entre dos riesgos —plantear un incidente innecesario (con coste en costas) o no plantearlo y perder el amparo por extemporaneidad— que exige un análisis cuidadoso del caso concreto, no una regla automática.

La sentencia más reciente que hemos verificado sobre esta doctrina es especialmente ilustrativa para el público de este blog: la STC 144/2025, de 8 de septiembre de 2025 (Sala Primera, recurso de amparo 2750-2024, BOE-A-2025-20264), fue promovida precisamente por un despacho de abogados. El resumen oficial del BOE lo describe así: "Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones que contraviene la doctrina sentada en la STC 112/2019, de 3 de octubre." El Tribunal Constitucional estimó el amparo, anuló las providencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 6 de marzo y 12 de abril de 2024, y ordenó retrotraer las actuaciones. Incluso un despacho puede toparse con una inadmisión mal fundamentada en esta materia — lo que confirma que el criterio "manifiestamente improcedente" es más estricto de lo que a veces se aplica en primera instancia.

Qué pasa si te lo inadmiten mal: la vía del recurso de amparo (art. 44 LOTC)

Contra el auto que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones no cabe recurso alguno ante el propio órgano judicial —así lo dice expresamente el art. 241.1 LOPJ—. Pero si la inadmisión (o la desestimación) del incidente vulneró a su vez un derecho fundamental —por ejemplo, por falta de motivación, o por aplicar mal la doctrina constitucional—, la siguiente y última vía es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, regulado en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El plazo del amparo es de 30 días desde la notificación de la resolución que agota la vía judicial previa —normalmente, el auto que resuelve el incidente de nulidad—. Dos sentencias ya citadas en este artículo son buenos ejemplos de lo que ocurre cuando el propio órgano judicial inadmite mal el incidente:

• La STC 134/2023, de 23 de octubre (Sala Segunda, recurso de amparo 8144-2021, BOE-A-2023-24497), de un procedimiento hipotecario en la Audiencia Provincial de Murcia, estimó el amparo por una inadmisión carente de motivación de un incidente en el que se denunciaba la desatención de doctrina constitucional y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
• La ya citada STC 16/2025, por inadmisión basada en un análisis incorrecto sobre la viabilidad de un recurso de casación alternativo.

Ambas comparten un patrón: el abogado hizo el trabajo correctamente —planteó el incidente cumpliendo los requisitos— y aun así el órgano judicial lo inadmitió mal, obligando a litigar hasta el propio Tribunal Constitucional, con los años que eso supone, para conseguir la retroacción de actuaciones. Esto no exime al abogado de responsabilidad en la redacción: cuanto más clara, motivada y bien fundamentada esté la solicitud de nulidad desde el primer momento —citando con precisión la doctrina constitucional aplicable—, menor es el margen para una inadmisión, motivada o no, que alargue el procedimiento años.

El coste de plantearlo mal: costas y multa por temeridad

Plantear un incidente de nulidad de actuaciones no es gratuito si no se cumplen los requisitos. El propio artículo 241.1 LOPJ (y el 228.4 LEC) lo advierte de forma expresa:

"Si se desestimara la solicitud de nulidad, se condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el Tribunal entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, una multa de noventa a seiscientos euros. Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno."

Es decir: si el incidente se desestima, hay condena en costas automática, y si además el órgano judicial aprecia temeridad en el planteamiento, se suma una multa de 90 a 600 euros. Esto convierte al checklist de cinco requisitos del segundo apartado en algo más que un ejercicio teórico: es lo que separa un incidente con recorrido real de un gasto innecesario para el cliente, sin contar el desgaste de tiempo.

Aquí es donde entra la tensión ya descrita en el apartado anterior sobre el riesgo "manifiestamente improcedente": no plantear el incidente cuando era procedente puede costar el acceso al amparo; plantearlo cuando no lo era puede costar costas y multa. No existe una fórmula automática que resuelva esta disyuntiva —exige criterio profesional caso por caso—, pero cuanto más riguroso sea el análisis previo de los cinco requisitos, menor es el riesgo en ambas direcciones.

Cómo evitar los errores más caros en la práctica del despacho

Más allá del análisis jurídico caso por caso, hay tres puntos de gestión del despacho que reducen de forma directa el riesgo de errores en este tipo de incidentes:

• Centralizar notificaciones y domicilios del cliente en el expediente. El supuesto más frecuente de indefensión —el emplazamiento edictal sin agotar domicilios conocidos— se detecta antes cuando el despacho tiene organizados en un único lugar todos los domicilios, contratos y datos de contacto del cliente, en lugar de dispersos en carpetas o correos sueltos.
• Controlar con precisión el cómputo del plazo de 20 días (y el tope de 5 años). Como hemos visto, hay dos posibles dies a quo y una caducidad absoluta. Un simple error de cómputo —contar desde la fecha equivocada, o no advertir que ya han pasado los 5 años— puede dejar al cliente sin ninguna vía, ni siquiera la del incidente.
• Fundamentar el escrito con la jurisprudencia constitucional correcta y actualizada. Las sentencias que hemos citado aquí (STC 16/2025, STC 144/2025, STC 134/2023, y las relativas al emplazamiento edictal) son de 2023 a 2025 — jurisprudencia que buena parte de las guías genéricas todavía no recoge. Citar la doctrina vigente y no una versión desactualizada reduce el riesgo de una inadmisión evitable.

PlazoCero no sustituye el criterio del abogado a la hora de decidir si procede o no un incidente de nulidad de actuaciones —esa decisión exige siempre juicio profesional sobre el caso concreto—. Pero sí ayuda en la parte operativa que más errores genera en la práctica: el expediente centraliza los domicilios, contactos y notificaciones del cliente en un único lugar, de modo que un defecto de emplazamiento se detecta antes; el cómputo automático de plazos calcula la fecha límite desde la notificación aplicando la regla procesal y los festivos de tu región, con alertas 7, 3 y 1 día antes del vencimiento; y la consulta de jurisprudencia con fuentes verificadas sobre CENDOJ y BOE ayuda a fundamentar el escrito citando la doctrina constitucional correcta, siempre con revisión humana antes de presentar cualquier redacción asistida por IA.

Preguntas frecuentes sobre el incidente de nulidad de actuaciones

¿Cuánto tiempo tengo para plantear un incidente de nulidad de actuaciones?

El plazo es de 20 días, que corren desde la notificación de la resolución o, si el defecto no pudo conocerse en ese momento, desde que se tuvo conocimiento efectivo de él. En este segundo caso existe un tope absoluto: nunca se puede plantear el incidente pasados 5 años desde la notificación de la resolución, aunque el cliente se haya enterado del defecto después de ese plazo (art. 241.1 LOPJ / 228.1 LEC).

¿Puedo recurrir si me inadmiten el incidente de nulidad de actuaciones?

Contra la resolución que resuelve el incidente no cabe ningún recurso ante el propio órgano judicial (así lo dice expresamente el art. 241.1 LOPJ). Si la inadmisión o desestimación vulneró a su vez un derecho fundamental —por ejemplo, por falta de motivación—, la vía que queda es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 44 LOTC), con un plazo de 30 días desde la notificación de esa resolución.

¿Qué diferencia hay entre el incidente de nulidad y el recurso de revisión?

El incidente de nulidad de actuaciones se dirige al mismo órgano que dictó la resolución firme para denunciar la vulneración de un derecho fundamental que no pudo alegarse antes. El recurso de revisión de sentencias firmes (arts. 510 y ss. LEC) es una figura distinta, reservada a supuestos tasados como documentos recobrados o sentencia obtenida mediante maquinación fraudulenta, y se tramita ante el Tribunal Supremo o el tribunal superior competente, no ante el órgano de instancia.

¿Qué pasa si pierdo el incidente de nulidad de actuaciones?

Si se desestima, hay condena automática en costas del incidente. Si además el órgano judicial aprecia que se planteó con temeridad, se impone también una multa de 90 a 600 euros (art. 241.1 LOPJ / 228.4 LEC). Por eso conviene repasar con rigor los cinco requisitos antes de presentarlo.

¿Es obligatorio plantear el incidente de nulidad antes del recurso de amparo?

En la mayoría de los casos sí, porque el art. 44 LOTC exige agotar la vía judicial previa antes de acudir al Tribunal Constitucional, y el incidente de nulidad suele ser esa última vía disponible cuando la resolución ya es firme. La excepción es cuando el incidente resulta "manifiestamente improcedente" para el caso concreto, en cuyo supuesto plantearlo no interrumpe el plazo del amparo (doctrina STC 112/2019) — un matiz que conviene valorar con cuidado antes de decidir.

Conclusión: la diferencia entre un incidente bien planteado y uno perdido

El incidente de nulidad de actuaciones es, para el cliente, la última oportunidad de que un tribunal español revise la vulneración de un derecho fundamental antes de que la puerta del Tribunal Constitucional se cierre —y esa puerta, como demuestra el dato de la Memoria del TC de 2025, ya es extraordinariamente estrecha por sí sola: solo un 0,61% de los recursos de amparo se admiten a trámite—.

Plantearlo bien exige comprobar los cinco requisitos con rigor —legitimación, derecho fundamental del art. 53.2 CE, imposibilidad de denuncia previa, firmeza sin recurso posible, competencia del mismo órgano—, calcular con precisión el plazo de 20 días (o el tope de 5 años si el conocimiento del defecto fue tardío), y fundamentar el escrito con jurisprudencia constitucional actualizada, no con doctrina de hace una década. Plantearlo mal, en cambio, tiene un coste doble: las costas y la posible multa del propio incidente, y el riesgo de que el recurso de amparo posterior llegue fuera de plazo por haber confiado en una vía que nunca debió intentarse.

No existe una fórmula automática para esta decisión: exige criterio profesional sobre cada caso concreto, y ese criterio sigue siendo, y seguirá siendo, del abogado. Lo que sí puede automatizarse es la parte operativa que con más frecuencia hace fracasar estos incidentes por motivos ajenos al fondo: no tener centralizados los domicilios del cliente para detectar a tiempo un emplazamiento edictal defectuoso, o equivocarse en el cómputo de un plazo que admite dos puntos de partida distintos.

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Para profundizar en el marco normativo, puedes consultar el texto completo del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el BOE.