MASC 2026: el checklist para que no te inadmitan la demanda (los 5 documentos que valen y los que no)

Actualizado: 17 de julio de 2026.

Presentas una demanda un viernes por la tarde. Has revisado los hechos, los fundamentos, la cuantía, la competencia. Todo correcto. El lunes siguiente recibes una diligencia de ordenación: inadmitida por no acreditar el intento de medio adecuado de solución de controversias. No has olvidado negociar con la contraparte — le mandaste un correo hace dos meses. El problema es que ese correo, sin acuse de recepción verificable, no sirve como prueba ante ese juzgado concreto.

No es un caso aislado ni un rumor de pasillos de partido judicial. Según el I Estudio del ICAM sobre la Ley de Eficiencia Procesal (encuesta a 1.164 letrados en ejercicio, septiembre-octubre 2025), el 50,7% de los abogados ha tenido dificultades para demostrar ante el juzgado que había intentado el acuerdo previo. Uno de cada dos. No es un problema de desconocer la ley — es un problema de saber qué papel meter en el sobre cuando llega el momento de presentar la demanda.

El requisito de procedibilidad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) lleva en vigor desde el 3 de abril de 2025, con la entrada en vigor del Título I de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76). Más de un año después, la mayoría del contenido jurídico disponible sigue explicando qué es el MASC y por qué existe, en clave doctrinal. Lo que no explica casi nadie, con la claridad de un checklist, es la pregunta que de verdad se hace un abogado la noche antes de presentar el escrito: ¿este documento que tengo en la carpeta me vale, o me van a inadmitir la demanda?

Este post responde a eso. No es un resumen doctrinal de la LO 1/2025 — para eso ya hay decenas de artículos excelentes de Sepín, Iberley o los colegios de abogados. Es un checklist operativo: los 5 documentos que sí acreditan el intento de MASC, los que los juzgados están rechazando, los plazos exactos que tienes que vigilar, las excepciones que te libran del trámite, y qué pasa si te lo inadmiten de todos modos. Con la fuente legal o el criterio judicial citado en cada punto, y con honestidad explícita donde el criterio todavía no está unificado — porque en esta materia, afirmar certezas que no existen es peor que no decir nada.

Este contenido es informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico individualizado. La interpretación del requisito de procedibilidad varía entre órganos judiciales (el 71% de los abogados encuestados por el ICAM percibe aplicación dispar del criterio); ante la duda, comprueba siempre el criterio del juzgado o la Audiencia Provincial concretos antes de presentar la demanda.

Qué cambió el 3 de abril de 2025 y por qué te afecta hoy

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero introdujo, con carácter general, un requisito de procedibilidad para el orden civil y mercantil: antes de poder presentar una demanda, hay que haber acudido previamente a alguno de los medios adecuados de solución de controversias regulados en su art. 2 (negociación directa entre las partes o sus abogados, mediación, conciliación, opinión de experto independiente u oferta vinculante confidencial, entre otros).

No es un trámite opcional ni una recomendación de buena praxis. Es un requisito procesal cuya falta puede determinar la inadmisión de la demanda con base en el art. 403 LEC. Y aquí está la trampa que el 50,7% de los abogados encuestados por el ICAM ya ha sufrido: no basta con haberlo intentado de verdad. Hay que poder acreditarlo documentalmente de una forma que el juzgado concreto donde presentas la demanda considere suficiente.

Más de un año después de su entrada en vigor, el MASC ya no es una novedad legislativa — es un trámite del día a día de cualquier despacho que litigue en el orden civil o mercantil. Y sigue generando el mismo problema práctico: la ley dice que hay que "acreditar" el intento, pero no cierra una lista tasada y única de qué documento sirve. Esa laguna la están rellenando, caso a caso, los distintos juzgados y Audiencias Provinciales — con criterios que, según el propio estudio del ICAM, el 71% de los abogados percibe como dispares entre sí.

El requisito de procedibilidad explicado en 3 minutos (art. 5 LO 1/2025)

¿Qué exige exactamente el art. 5 de la LO 1/2025? Que, con carácter general, para que sea admisible la demanda en el orden civil, se haya acudido previamente a alguno de los medios adecuados de solución de controversias regulados en la propia ley. Es la condición de acceso a la jurisdicción: sin ese intento previo acreditado, el juzgado no entra a conocer del fondo del asunto.

La ley no exige que la negociación tenga éxito — de hecho, según el mismo estudio del ICAM, solo 1 de cada 10 intentos de MASC termina en acuerdo real. Lo que exige es que haya existido un intento genuino, con un mínimo de estructura: identificación de las partes, objeto de la controversia y una propuesta concreta, no una manifestación vaga de "podríamos hablar".

El requisito se completa con el art. 264.4 LEC, introducido también por la LO 1/2025, que prevé una vía alternativa cuando se desconoce absolutamente el domicilio o cualquier medio para localizar al demandado: en ese caso, el documento acreditativo del MASC puede sustituirse por una declaración responsable de imposibilidad de negociación previa. Ojo con esta vía: su uso fraudulento (declarar que no se conoce el domicilio cuando en realidad se conocía) puede acarrear condena en costas conforme al art. 394.1 LEC.

En resumen, antes de presentar cualquier demanda civil o mercantil tienes que hacerte tres preguntas: (1) ¿mi materia está entre las excepcionadas del requisito?, (2) si no lo está, ¿intenté realmente negociar con un mínimo de estructura?, y (3) ¿tengo un documento que lo acredite de forma que resista el escrutinio del juzgado donde voy a presentar?

Los 5 documentos que sí acreditan el intento de negociación

Esta es la parte que ningún competidor consolida en una sola tabla: qué documento vale, y en qué se apoya ese criterio. Triangulando fuentes especializadas y resoluciones citadas, estos son los medios que, de forma consistente, están siendo aceptados por los juzgados:

1. Burofax con acuse de recibo y certificación de contenido. El medio más recomendado en la práctica. Y un dato contraintuitivo: según criterio confirmado a comienzos de 2026, el envío de un burofax invitando a negociar es suficiente para acreditar el intento de MASC aunque el destinatario no lo recoja, siempre que conste el envío y el contenido acredite la voluntad real de negociar.
2. Correo electrónico con acuse de recepción verificable (no de lectura) que acredite identidad del remitente, contenido íntegro y fecha de recepción. El criterio judicial sobre este medio está en evolución: inicialmente algunas Audiencias fueron muy exigentes con la prueba de recepción; análisis más recientes hablan de una interpretación más flexible, siempre que se pueda demostrar que el mensaje llegó realmente a su destinatario.
3. Acta notarial de requerimiento o de manifestaciones que recoja el intento de negociación, con fecha, contenido y partes identificadas. Es el medio de mayor fuerza probatoria, aunque también el de mayor coste.
4. Certificado emitido por mediador o conciliador registrado (por ejemplo, del Registro de Mediadores) o por el punto de conciliación privada de un colegio profesional.
5. Certificado PIMASC, el documento normalizado emitido por la plataforma oficial del Ministerio de Justicia (pimasc.justicia.es), firmado digitalmente y apto para adjuntar directamente en LexNET con la etiqueta "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA INTENTO ACTIVIDAD NEGOCIADORA MASC".

A estos cinco se suma un sexto formato válido, poco mencionado: un documento firmado por ambas partes (sin necesidad de tercero neutral) que recoja identidad de las partes y sus asesores, fecha, objeto de la controversia, fechas de las reuniones mantenidas y declaración de buena fe. Es habitual en negociación directa entre abogados y, bien redactado, tiene fuerza acreditativa suficiente.

Documento	¿Acredita el MASC?	Fundamento / criterio
Burofax con acuse y certificación de contenido	Sí — incluso si no se recoge	Criterio judicial confirmado, feb-2026 (blog.elabogado.com)
Correo con acuse de recepción verificable	Sí, con matices territoriales	Interpretación flexible en evolución (LegalToday, dic-2025)
Acta notarial de requerimiento	Sí	Máxima fuerza probatoria por fe pública notarial
Certificado de mediador/conciliador registrado	Sí	Art. 2 LO 1/2025 (medios adecuados reconocidos)
Certificado PIMASC	Sí	Plataforma oficial del Ministerio de Justicia
Documento bilateral firmado por ambas partes	Sí	Válido para negociación directa entre abogados
Declaración responsable (domicilio desconocido)	Sí, solo si hay imposibilidad real de localizar	Art. 264.4 LEC — riesgo de costas si es fraudulenta (art. 394.1 LEC)

PIMASC: la herramienta oficial gratuita que casi nadie te explica bien

El PIMASC (Plataforma de Interoperabilidad de MASC) es la herramienta oficial del Ministerio de Justicia, accesible en pimasc.justicia.es, pensada para dar soporte y certificación normalizada al intento de negociación previa. Genera un certificado digital que, al estar emitido por una plataforma oficial, reduce sustancialmente el riesgo de que el juzgado lo cuestione por defecto de forma.

Es llamativo que varios competidores comerciales que ofrecen servicios de certificación de envíos apenas la mencionen en sus contenidos — tiene sentido, porque el PIMASC es gratuito y compite directamente con su propio servicio de pago. No es la única vía válida para acreditar el MASC (el burofax, el acta notarial o el certificado de mediador son igual de válidos), pero conviene conocerla: es gratuita, oficial, y está pensada específicamente para este trámite.

Los medios que los juzgados están rechazando (y por qué)

El error más citado por las fuentes especializadas no es no intentar negociar — es confundir "intentar negociar" (el acto material) con "acreditarlo de forma verificable" (el acto probatorio). Estos son los medios que, de forma reiterada, están siendo rechazados o cuestionados:

• Captura de pantalla de un email o de WhatsApp, sin certificación adicional. Es, literalmente, uno de los errores más citados en la práctica: "imprimir un pantallazo del correo y presentarlo como prueba" no acredita ni el envío real, ni la recepción, ni que el destinatario sea quien dice ser.
• WhatsApp o SMS sin soporte evidencial adicional. El problema no es el canal en sí — es la falta de trazabilidad certificada de envío y recepción, y la dificultad de probar fehacientemente que el número pertenece a la contraparte. Sin una herramienta forense que certifique esos extremos, no basta con demostrar que se envió un mensaje.
• Llamada telefónica. Sin ningún registro documental, no aporta nada acreditable ante el juzgado, por mucho que la negociación haya sido real.
• Email simple sin acuse de recibo. Es el punto más discutido y territorialmente disperso: algunos juzgados lo han rechazado de forma tajante por falta de prueba de recepción; otros lo admiten si el conjunto de circunstancias acredita que el mensaje llegó a su destino. No hay unanimidad — lo prudente es no depender nunca de un correo sin acuse como único soporte.
• Comunicación genérica o vaga ("podríamos llegar a un acuerdo"), sin propuesta concreta ni objeto definido del conflicto. No se considera actividad negociadora real, sino una manifestación de intención sin contenido sustantivo.

El patrón de fondo es siempre el mismo: no basta con que exista la negociación en la realidad. Tiene que poder demostrarse con un documento que resista el filtro de admisión — y ese filtro, hoy, no es idéntico en todos los juzgados de España.

Los plazos exactos: 30 días de respuesta y 3 meses de caducidad

Además de acreditar el intento, hay que respetar unos plazos concretos para poder dar el MASC por agotado y quedar habilitado para demandar. Conforme al art. 10 LO 1/2025, el intento se considera agotado cuando concurre cualquiera de estas tres circunstancias:

• Transcurren 30 días naturales desde que se formuló la propuesta de negociación sin que haya habido acuerdo ni respuesta de la contraparte.
• Transcurren 3 meses desde la primera reunión o sesión sin llegar a un acuerdo.
• Una de las partes comunica por escrito, de forma expresa, la finalización del intento.

Cualquiera de estas tres vías te habilita para presentar la demanda. Un efecto favorable que pocas veces se explica bien: desde la solicitud o propuesta del MASC se interrumpe la prescripción y se suspende la caducidad de la acción hasta el cierre del procedimiento. Es decir, mientras estás negociando de buena fe, tu plazo para reclamar judicialmente no corre en tu contra.

Sobre el plazo del que dispones para presentar la demanda una vez agotado el MASC, algunas fuentes de práctica procesal citan un plazo de hasta un año desde la terminación del intento. No hemos podido verificar esta cifra con una fuente normativa primaria inequívoca en el momento de escribir este post — antes de planificar tu estrategia procesal sobre esa base, comprueba el cómputo aplicable a tu caso concreto o consulta con tu colegio profesional.

Estos plazos —30 días, 3 meses— son precisamente el tipo de fecha que se pierde entre expedientes cuando se llevan en una agenda de papel o en un Excel compartido. El módulo de MASC de PlazoCero computa automáticamente ambos plazos desde el momento en que registras la propuesta de negociación, y lanza alertas antes de que venzan — para que la decisión de cuándo demandar sea tuya, no una consecuencia del olvido.

Qué materias están excluidas del MASC (y el error de aplicarlo donde no toca)

No todas las demandas civiles necesitan MASC previo. El art. 5 LO 1/2025 recoge expresamente varias excepciones, y conviene tenerlas presentes porque el error de sentido contrario —creer que hace falta MASC cuando no es así, y perder semanas en un trámite innecesario— también cuesta tiempo al cliente:

• Tutela judicial civil de derechos fundamentales.
• Medidas del art. 158 del Código Civil (protección de menores).
• Procesos sobre medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
• Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad.
• Tutela sumaria de la tenencia o posesión; demolición o derribo de obra en estado de ruina.
• Determinados procedimientos de protección de menores.
• Expedientes de jurisdicción voluntaria.
• Solicitud de medidas cautelares, previas o coetáneas a la demanda principal.
• Demanda ejecutiva y juicio cambiario.

A esto se suma, por la propia delimitación del ámbito de aplicación de la LO 1/2025, la exclusión general de la materia laboral, la materia concursal, el proceso penal y los asuntos en los que una de las partes sea una entidad del sector público. Conviene citar esta última exclusión con matiz: no procede de un único apartado cerrado del art. 5, sino de la sistemática general de la ley — así que, ante un supuesto límite, lo prudente es verificarlo caso por caso.

Qué pasa si presentas sin MASC: inadmisión frente a subsanación (art. 403 LEC)

Aquí está la distinción que de verdad decide si tu demanda se salva o no, y que la mayoría del contenido disponible trata como una nota doctrinal al final en vez de como el eje central que es:

• Si el MASC no se intentó en absoluto, la falta es insubsanable: el órgano judicial inadmite la demanda de plano conforme al art. 403.2 LEC. No cabe "hacerlo" después de haber presentado el escrito — para ese procedimiento concreto, la vía ya está cerrada hasta que se intente correctamente y se vuelva a presentar.
• Si el MASC sí se realizó pero falta o es defectuosa la acreditación documental, la falta es subsanable: el juzgado debe dar un plazo breve para aportar el documento correcto antes de resolver sobre la admisión.

Sobre la duración exacta de ese plazo de subsanación, las fuentes consultadas no son unánimes: unas citan el plazo genérico de 10 días del art. 231 LEC para defectos procesales subsanables con carácter general; otras hablan de un plazo de 5 días fijado por el propio órgano en el caso concreto. No existe, a día de hoy, una fuente normativa primaria única e inequívoca que zanje esta cuestión para todos los supuestos — la recomendación prudente es comprobar siempre el auto o la diligencia de ordenación concreta del juzgado que te haya requerido la subsanación, sin dar por sentado un plazo fijo.

Lo que sí es seguro: la línea entre insubsanable y subsanable depende de un hecho, no de un papel. Si negociaste de verdad —aunque el documento que aportaste no fuera el idóneo—, tienes margen para corregirlo. Si no negociaste, no hay documento que arregle eso después.

El efecto en costas: negarse a negociar sale caro (arts. 245.5 y 394.4 LEC)

El MASC no solo condiciona la admisión de la demanda — también puede condicionar quién paga las costas al final del pleito, con independencia de quién gane. Dos reglas conviene tener siempre presentes:

• Art. 245.5 LEC: quien formuló una propuesta de MASC que la contraparte no aceptó, y la sentencia final coincide sustancialmente con esa propuesta, puede solicitar la exoneración o moderación de las costas. Es decir, negociar de buena fe y con una propuesta razonable puede protegerte económicamente aunque el caso acabe en pleito.
• Art. 394.4 LEC: si la parte requerida se niega a participar en el MASC sin causa justificada, la parte que lo propuso puede quedar exenta de costas con independencia del resultado del pleito — salvo que incurra en abuso del derecho o del servicio público de justicia.

El concepto de "abuso del servicio público de justicia" se refiere, según la doctrina consultada, a la utilización irresponsable del derecho de acceso a los tribunales: acudir a la vía judicial cuando era evidente que cabía una solución consensuada razonable. Es un matiz importante — el MASC no es solo un filtro de admisión, es también una pieza que el juzgador puede valorar al resolver sobre costas, en ambos sentidos.

El mapa de criterios dispares entre juzgados y cómo blindarte

Aquí está el dato que, más que ningún otro, justifica tratar el MASC como un procedimiento interno del despacho y no como un trámite ad hoc caso por caso: el 71% de los abogados encuestados por el ICAM percibe que los juzgados interpretan el requisito de forma muy dispar entre sí, y solo un 4% considera que existe aplicación uniforme.

Esto significa, en la práctica, que el mismo documento que un juzgado admite sin problema puede ser cuestionado en otro partido judicial distinto. No hay, hoy, una respuesta única y válida en toda España sobre "qué documento es suficiente" — hay una tendencia general (los cinco documentos de la sección anterior son los más consistentemente aceptados), pero con margen real de variación territorial.

Y hay otro dato que agrava la incertidumbre: según un análisis publicado por Economist & Jurist sobre la estadística judicial de 2025, ni siquiera el CGPJ desglosa oficialmente cuántas demandas se inadmiten por falta de acreditación del MASC. El CGAE ha pedido ese desglose sin que, a fecha de este post, exista como dato público. Ni el propio sistema judicial mide bien el problema — lo que refuerza un mensaje simple: la única forma real de blindarte es tener un procedimiento interno propio, sólido, que no dependa de la suerte de qué juzgado te toque.

La forma más segura de blindarte, mientras no exista un criterio unificado, es acumular más de un medio de acreditación cuando el asunto lo permita (por ejemplo, burofax con acuse más certificado PIMASC), documentar siempre con fecha, contenido y partes identificadas, y mantener el conjunto de documentos vinculado al expediente desde el primer día — no reconstruido de memoria la noche antes de presentar la demanda.

La cuestión de inconstitucionalidad: lo que de verdad está en juego en 2026

Es fácil haber oído hablar de que "el MASC es inconstitucional" sin que la afirmación sea del todo precisa. Lo que ha ocurrido, de forma verificada, es lo siguiente: un Juzgado de Primera Instancia de Valencia de Alcántara (Cáceres) planteó, mediante auto de 14 de noviembre de 2025, una cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 5.2 de la LO 1/2025, cuestionando que se exija MASC en procesos de modificación de medidas paternofiliales —materias con un componente de derecho indisponible (custodia, alimentos, régimen de visitas), donde cualquier acuerdo alcanzado en la negociación previa necesitaría igualmente refrendo judicial.

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite por unanimidad esa cuestión, en una resolución de principios de 2026. Pero el alcance real es limitado: está circunscrito a materias de familia con componente indisponible. No es, a día de hoy, una impugnación general de todo el sistema MASC civil o mercantil, ni afecta al requisito de procedibilidad en materia de contratos, reclamaciones de cantidad, arrendamientos u otras materias civiles y mercantiles ordinarias.

La conclusión práctica para tu día a día: si litigas en materias de familia con medidas paternofiliales, conviene seguir de cerca la evolución de esta cuestión. Para el resto de materias civiles y mercantiles, el requisito de procedibilidad sigue plenamente vigente y exigible, con independencia de este procedimiento constitucional en curso.

Checklist final antes de presentar la demanda

Antes de dar por cerrado el expediente y presentar el escrito, repasa estos siete puntos:

1. ¿Tu materia está entre las excepciones del art. 5? Si es monitorio, cautelar, laboral, penal, concursal o alguna de las materias expresamente excluidas, no necesitas MASC previo.
2. ¿Intentaste realmente negociar, con una propuesta concreta, objeto definido y partes identificadas — no una manifestación vaga de intención?
3. ¿Tienes uno de los cinco documentos que sí acreditan el intento? Burofax con acuse, correo con acuse verificable, acta notarial, certificado de mediador o certificado PIMASC.
4. ¿Has descartado los medios que los juzgados rechazan? Pantallazos, WhatsApp sin soporte adicional, llamadas sin registro, email simple sin acuse.
5. ¿Respetas los plazos de agotamiento? 30 días desde la propuesta sin respuesta, o 3 meses desde la primera sesión sin acuerdo.
6. Si desconoces el domicilio del demandado, ¿has preparado la declaración responsable del art. 264.4 LEC en vez de forzar un documento que no existe?
7. ¿Sabes cuál es el criterio del juzgado o Audiencia Provincial concretos donde vas a presentar? Ante la duda, acumula más de un medio de acreditación.

Si respondes que sí a los siete puntos, has reducido el riesgo de inadmisión todo lo que está en tu mano reducirlo. No hay checklist que garantice el 100% frente a un sistema con criterio todavía disperso entre juzgados — pero la diferencia entre el 50,7% que ha tenido problemas y quien no los tiene casi siempre está en si el despacho tenía o no un procedimiento interno claro antes de necesitarlo.

Si además gestionas plazos y facturación en tu despacho, quizá te interese también revisar cuándo entra realmente en vigor la obligación de VeriFactu para despachos de abogados — otro requisito normativo con fecha real distinta a la que circula en muchos artículos.

Cómo PlazoCero convierte este checklist en un procedimiento automático del despacho

Todo lo anterior se puede llevar en una carpeta física, un Excel y la memoria del abogado responsable del caso. Funciona, hasta que un expediente se cruza con otros quince y el plazo de 30 días se pierde entre notificaciones de LexNET, vistas y llamadas de clientes.

El módulo de MASC de PlazoCero está pensado exactamente para este trámite: genera el requerimiento de negociación desde el propio expediente, computa automáticamente el plazo de 30 días y el de 3 meses con alertas antes del vencimiento, y guarda el documento de acreditación —burofax, certificado PIMASC, acta notarial— vinculado al expediente, listo para adjuntar en LexNET con la etiqueta correspondiente cuando llegue el momento de presentar la demanda.

No sustituye tu criterio jurídico sobre qué documento es el adecuado para cada caso y cada juzgado —eso sigue siendo tuyo, y así debe ser—. Lo que hace es que el trámite no dependa de que nadie se acuerde a tiempo: el plazo se computa solo, la alerta llega antes de que caduque, y el documento está donde tiene que estar el día que lo necesitas.

Puedes crear una cuenta gratis en PlazoCero y probar el módulo de MASC sobre tus propios expedientes, sin tarjeta y sin límite de tiempo en el plan gratuito. Si gestionas varios abogados o necesitas expedientes ilimitados, en la página de planes y precios tienes el detalle de cada nivel.

Preguntas frecuentes sobre el MASC y la inadmisión de demandas

¿Sirve un WhatsApp para acreditar el MASC?

En principio no, salvo que se acompañe de soporte evidencial adicional que certifique el envío, la recepción y la identidad del destinatario. Un simple pantallazo de WhatsApp es uno de los errores más citados al intentar acreditar el intento de MASC, porque no prueba ni la trazabilidad ni que el número pertenezca realmente a la contraparte.

¿Vale un burofax aunque el destinatario no lo recoja?

Sí. Según criterio confirmado a comienzos de 2026, el envío de un burofax invitando a negociar es suficiente para acreditar el intento de MASC aunque no sea recogido por el destinatario, siempre que conste el envío y el contenido acredite la voluntad real de negociar.

¿Puedo subsanar si se me olvida adjuntar el documento del MASC?

Depende de si el MASC se intentó realmente. Si sí se intentó pero falta o es defectuosa la acreditación documental, cabe subsanación en un plazo breve (las fuentes citan entre 5 y 10 días según el criterio del juzgado). Si el MASC no se intentó en absoluto, la falta es insubsanable y la demanda se inadmite de plano.

¿Es obligatorio el MASC antes de un procedimiento monitorio?

No. La demanda ejecutiva y el juicio cambiario están expresamente excluidos del requisito de procedibilidad, junto con la solicitud de medidas cautelares y otros supuestos tasados por el art. 5 LO 1/2025.

¿Es inconstitucional el MASC?

No hay una declaración de inconstitucionalidad vigente. El Tribunal Constitucional admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad limitada al art. 5.2 de la LO 1/2025, referida a su exigencia en procesos de modificación de medidas paternofiliales. No afecta, de momento, al requisito de procedibilidad en el resto de materias civiles y mercantiles.

Conclusión: el MASC bien hecho no es un peaje, es un seguro

El 84% de los abogados valora negativamente la obligatoriedad del MASC, y solo 1 de cada 10 intentos termina en un acuerdo real. Es comprensible el desgaste: se percibe como un trámite burocrático más, en un sistema donde ni siquiera el CGPJ mide con claridad cuántas demandas se están inadmitiendo por su causa. Pero mientras el debate sobre si el requisito debería existir sigue abierto —con una cuestión de inconstitucionalidad en curso, aunque de alcance limitado—, la realidad de cada despacho no cambia: si presentas una demanda civil o mercantil sin poder acreditar correctamente el intento previo, te arriesgas a que se inadmita, con el coste en tiempo, en confianza del cliente y, potencialmente, en costas que eso supone.

La buena noticia es que el problema tiene una solución bastante más simple que la ley que lo generó: no dejar la acreditación a la improvisación. Elegir, desde el primer contacto con la contraparte, uno de los medios que consistentemente están siendo aceptados —burofax con acuse, certificado PIMASC, acta notarial, certificado de mediador o documento bilateral bien redactado—. Evitar los que los juzgados llevan más de un año rechazando —pantallazos, WhatsApp sin soporte, llamadas, correos sin acuse—. Vigilar los plazos de 30 días y 3 meses como se vigila cualquier otro plazo procesal, porque lo son. Y, cuando el asunto lo permita, acumular más de un medio de prueba para no depender de la suerte de qué juzgado te ha tocado.

Nada de esto garantiza al 100% que una demanda no se inadmita —la disparidad de criterios entre juzgados es real y documentada—, pero sí reduce el riesgo a su mínimo razonable. Y esa es, en el fondo, la diferencia entre el 50,7% de abogados que ha tenido problemas para acreditarlo y quienes no: no la suerte, sino tener un procedimiento interno claro antes de necesitarlo.

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